1. Por qué esto no es teoría

El artículo 10.2 de la Constitución obliga a interpretar los derechos fundamentales conforme a la Declaración Universal y a los tratados ratificados por España. Eso convierte a estos textos en derecho aplicable, no en literatura: cuando un tribunal español decide si una detención, un registro o el uso de la fuerza fueron correctos, mide la actuación contra ellos. Para el guardia civil, son el marco último de todo lo que hace.

2. Naciones Unidas

• Carta de las Naciones Unidas (San Francisco, 1945): funda la ONU y fija sus propósitos, entre ellos el mantenimiento de la paz y el respeto de los derechos humanos. Sus órganos principales son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría.
• Declaración Universal de Derechos Humanos (París, 10 de diciembre de 1948): treinta artículos aprobados por la Asamblea General. No es un tratado, pero es la referencia interpretativa que impone el artículo 10.2 de la Constitución y el origen de todo lo que viene después.
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos de 1966: convierten en obligaciones jurídicas lo que la Declaración enunció. El primero crea el Comité de Derechos Humanos.
• Consejo de Derechos Humanos: órgano subsidiario de la Asamblea General, con sede en Ginebra, que sustituyó en 2006 a la antigua Comisión. Su instrumento característico es el Examen Periódico Universal, al que se someten todos los Estados.
• Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (1984) y su Protocolo facultativo (2002): la Convención prohíbe la tortura sin excepción posible —ni guerra ni orden superior la justifican— y el Protocolo crea un sistema de visitas a los lugares de privación de libertad, con un subcomité internacional y un mecanismo nacional en cada Estado.

3. El sistema europeo

• Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Roma, 1950), en el marco del Consejo de Europa. Reconoce derechos civiles y políticos y, sobre todo, crea un tribunal ante el que la persona puede reclamar.
• Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo: conoce de demandas individuales y estatales una vez agotados los recursos internos. Sus sentencias son obligatorias para el Estado condenado y han modelado en España cuestiones como las condiciones de la detención, la asistencia letrada o la investigación de las denuncias por malos tratos.
• Carta Social Europea, ratificada por España: es la hermana social del Convenio, centrada en derechos laborales y de protección social, con control a través de informes y reclamaciones colectivas ante el Comité Europeo de Derechos Sociales.
• Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (Niza, 2000): con el Tratado de Lisboa tiene el mismo valor jurídico que los Tratados. Vincula a las instituciones de la Unión y a los Estados cuando aplican Derecho de la Unión.

4. La Corte Penal Internacional

El Estatuto de Roma (1998) crea la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, competente sobre el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Funciona por complementariedad: solo actúa cuando el Estado con jurisdicción no puede o no quiere perseguir de verdad esos delitos. España coopera con ella a través de la Ley Orgánica 18/2003, de 10 de diciembre, que regula cómo se tramitan las solicitudes de detención, entrega y asistencia.

5. El Defensor del Pueblo

• Es el alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos del Título I de la Constitución, y supervisa la actividad de la Administración, incluidas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Lo regula la Ley Orgánica 3/1981.
• Su reglamento de organización y funcionamiento fue aprobado por las Mesas del Congreso y del Senado, a propuesta del propio Defensor, en reunión conjunta de 6 de abril de 1983.
• Desde 2009 ejerce además como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, la figura que exige el Protocolo facultativo: visita sin previo aviso comisarías, acuartelamientos, centros penitenciarios y cualquier lugar donde haya personas privadas de libertad. Le asiste un Consejo Asesor.
• Puede iniciar actuaciones de oficio o a instancia de parte; no revoca actos administrativos, pero formula advertencias, recomendaciones y recordatorios de deberes legales, y da cuenta anualmente a las Cortes.

Constitución Española, artículo 10.2; Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, y su Reglamento de organización y funcionamiento de 6 de abril de 1983; Ley Orgánica 18/2003, de 10 de diciembre, de cooperación con la Corte Penal Internacional, en sus textos consolidados en el BOE. Carta de las Naciones Unidas (1945), Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), Pactos Internacionales de 1966, Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950), Carta Social Europea, Convención contra la tortura (1984) y su Protocolo facultativo (2002), Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y Estatuto de Roma (1998).